Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente la connivencia entre bandas criminales y funcionarios públicos en abusos cometidos contra migrantes y otras personas, pero rara vez se procesa a funcionarios por violaciones de derechos humanos.

"La detención de 34 sospechosos es un paso positivo, pero, con 16 policías entre ellos, revela que las bandas criminales y sus cómplices en las fuerzas de seguridad cometen a menudo graves abusos con total impunidad”, ha manifestado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

"En el caso de Tamaulipas, la fuerte presencia de la policía federal y el ejército en la región no impidió estos homicidios ni la connivencia con las bandas criminales."

"Es esencial a continuación realizar con prontitud una investigación completa e imparcial, que garantice el respeto de los derechos humanos, para identificar a todos a los responsables y llevarlos ante la justicia y proporcionar al público información fiable sobre las medidas tomadas.”

"El descubrimiento de las fosas comunes ha servido a su vez para poner de manifiesto el problema, más general, de la ausencia de medidas del gobierno mexicano para ocuparse de la crisis de seguridad pública del país y reducir la violencia criminal, que ha dejado a muchas poblaciones expuestas a sufrir agresiones, secuestros y homicidios.”

“Es vital que se lleven a cabo investigaciones más amplias para sacar a la luz la connivencia entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales en otras zonas del país e impedir que se comentan otra vez tan graves abusos.”

Las fosas comunes se encontraron la semana pasada en el municipio de San Fernando del estado de Tamaulipas, al norte del país, donde operan grupos de narcotraficantes y otras bandas criminales. Los 16 agentes detenidos son de la policía municipal local.

La información sobre la identidad de las víctimas es escasa, pero parece probable que no tuvieran nada que ver con las bandas de

narcotraficantes. Tamaulipas se encuentra además en la ruta que siguen los migrantes mexicanos y de otros países de camino a Estados Unidos. Se cree que al menos a algunas de las víctimas son personas a las que obligaron a apearse de autobuses de larga distancia a punta de pistola a finales de marzo.

Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una identificación rápida y fiable de las víctimas y se trate con respeto a los centenares de personas que quieren verificar si hay familiares suyos entre ellas.

Hace muchos meses que se reciben informes sobre secuestros de migrantes que pasan por Tamaulipas de camino a la frontera norte, pero apenas se han tomado medidas para investigarlos.

En agosto de 2010 se hallaron los cadáveres de 72 migrantes irregulares en el municipio de San Fernando también. Según informes, se ha detenido a varios miembros de bandas en relación con estos homicidios, pero sigue sin conocerse la identidad de 16 de las víctimas.

"Sólo ahora, con este nuevo descubrimiento de cadáveres, se está tomando alguna medida. Es señal del limitado impacto de la política de seguridad pública para garantizar la seguridad de la población”, ha señalado Rupert Knox.

El gobierno ha reconocido que hubo más 15.000 homicidios relacionados con bandas en 2010 y más de 34.000 desde que el presidente Calderón tomó posesión de su cargo al final de 2006. La gran mayoría jamás se han esclarecido debidamente.

Hay también centenares de casos de secuestro aún sin resolver y sin que se conozca aún al paradero de las víctimas.